¿Es la prensa el «cuarto poder» o simplemente el «cuarto de estar del
Poder»? Cuando el Poder era estrictamente militar, las consignas regían la prensa.
Ahora, las tintas multicolores de la política y el reparto de papeles entre los
«sensacionalistas» y los sumos sacerdotes de la «objetividad» no encubren la
motivación fundamental del gran teatro, que no ha cambiado., condicionar las imágenes
colectivas en favor de los que tienen dinero, actividad que lógicamente resulta rentable
para quienes contribuyen eficazmente a que todo cambie para que todo siga igual.
Nosotros, los más, tenemos el sudor, el dibujo o la palabra, pero ellos, los menos,
tienen los medios de expresión. La lucha de los trabajadores de la prensa por sustraer su
trabajo, sus informaciones, sus opiniones, al poder de quienes controlan los medios
informativos por vía económica o política, es una lucha que se golpeará contra un muro
si no excava el único túnel de escape: la autogestión.
«Pueblo» para quien lo trabaja
Este diario vespertino madrileño, nutrido de la
Organización «Sindical» franquista, y financiado por tanto con las cotizaciones
obligatorias de los trabajadores, es una de las primeras crisis en la prensa de la
Democracia.
Desaparecido el verticato y las cuotas obligatorias, con las centrales obreras
legalizadas, el Gobierno trata de mantener el control estatal, a través de la AISS y la
gestión de una nueva maquinaria cuya financiación sería estatal.
Los trabajadores, reunidos en asambleas a lo largo de 1977, lograron estar presentes en
las conversaciones sobre el futuro del diario, y formular unas alternativas
autogestionarias: atribuir la titularidad de «PUEBLO» a todos los trabajadores
españoles (la sección sindical de CNT propuso una cooperativa de los actuales
trabajadores, con una cláusula de afectación unitaria al conjunto de los trabajadores
que con sus cuotas nutrieron el patrimonio sindical), informar pluralmente en base a todas
las corrientes del movimiento obrero, situar en la asamblea de trabajadores del diario las
decisiones y el control sobre gerencia y administración, constituir un Consejo de empresa
integrado por delegados de las secciones, de la comisión sindical y de asociaciones
vecinales, el cual elegiría anualmente los órganos de dirección y gerencia; financiar
el déficit heredado del franquismo y la nueva maquinaria con fondos del patrimonio
sindical, y fomentar la igualación salarial suprimiendo nóminas fantasmas y expulsando a
quienes cobran sin trabajar.
Las propuestas de los trabajadores de «PUEBLO» han sido congeladas por la comisión
parlamentaria que prepara para 1978-79 un plan de «saneamiento-liquidación» de la
antigua prensa estatal. Pero las reivindicaciones autogestionarias se extienden a su vez a
otros medios informativos.
del movimiento a la regionalización
Los trabajadores de 35 periódicos de una cadena que
se presentaba como «la más fuerte de Europa» (lo fue sin duda por el número de
periódicos, pero también era la más irrisoria por las tiradas reales y los «eternos e
inmutables principios del Movimiento» que tenían que «defender y promocionar») ven su
futuro laboral en peligro.
La tajada es aún sabrosa: la prensa del ex-Movimiento constituye el 37 por 100 de los
periódicos de información general en España; 13 de ellos son únicos en sus respectivas
provincias, y pueden hacer o deshacer prestigios y cacicazgos locales cara a unas
elecciones. Los grupos de poder codician la presa. El ministro Cabanillas, en las
discusiones políticas que parieron el Pacto de la Moncloa, ofreció privatizar la cadena,
subastándola por lotes a precios de costo (lo que suponía, por ejemplo, vender el ARRIBA
a 80 millones cuando en el mercado vale, con edificio y talleres, más de 600): como en
las desamortizaciones decimonónicas, se consolidaría así el latifundismo de la
oligarquía informativa que puede desembolsar decenas de millones en el acto, mientras
miles de trabajadores irían al paro.
Las reticencias de otros partidos, con sus propias ambiciones, y la movilización de los
trabajadores, alertados por el ejemplo de «PUEBLO», frenaron esta iniciativa, inspirada
por el antiguo partido Popular (Ed. Católica-«YA»). Provisionalmente, se crea un ente
abstracto, MCE, Medios de Comunicación del Estado, que arrastra un déficit anual de
3.000 millones de pesetas, y ofrece una incertidumbre laboral a sus 5.000 trabajadores,
cuya reivindicación más importante es definir su propia situación, en qué y para qué
trabajan, pero que frente a ese ente abstracto y centralista, que ahoga la eficacia de las
empresas y medios, no tienen a su alcance un negociador concreto.
Las propuestas de los partidos parlamentarios para cuando acabe la actual situación
transitoria son divergentes: la Ucedé pretende «sanear» la cadena, anticipando
jubilaciones, indemnizando despidos, trasladando funcionarios, para posteriormente ofrecer
los periódicos a los organismos preautonómicos; si éstos no los aceptan, admitir
cooperativas de los propios trabajadores, y como última instancia, la subasta pública.
Alianza Popular apoya esta opción. Los socialistas proponen crear una sociedad anónima
con capital suscrito íntegramente por el Estado, con un Consejo de Administración
integrado a imagen y semejanza del Parlamento. El PCE apoya una «prensa regional
INSTITUCIONAL», o sea, controlada políticamente. Es curioso que los partidos de
izquierda coinciden en negar a los trabajadores que se están dejando la vida en las
máquinas de esos periódicos la posibilidad de acceder a su propiedad, y sólo ofrecen
fórmulas donde la antigua política «azul» será sustituida por un nuevo control
político, esta vez «arco-iris», más o menos rojizo y regionalista. El
«psuc-ursalismo», vamos.
alternativas iautogestionarlas
Frente a estos proyectos parlamentaristas, y a la
campaña de la prensa privada por adueñarse del botín, suprimiendo de paso competidores,
los trabajadores vienen coordinándose en asambleas desde el otoño de 1977, y han optado
por una fórmula de regionalización autogestionaria. En la asamblea general de septiembre
en Madrid se acordó «rebatir informaciones y editoriales tendenciosas» (interesadamente
privatistas), «rotunda negativa a que se tomen decisiones sin contar con el consenso de
los trabajadores», y especifican: «Nuestros medios deben estar al servicio de toda la
sociedad y abiertos a todas las corrientes.» También se denuncia la «corrupción y
parcialidad de la dirección de la cadena», frente a lo que defienden una plantilla
única con igualdad de derechos laborales y participación de los trabajadores en la
propiedad y gestión de la empresa.
Mientras el futuro laboral de 5.000 personas depende de los debates parlamentarios, las
organizaciones en que se sindica este «personal contratado de la administración »,
algunos con 40 años de vida laboral a sus espaldas, elaboran propuestas. Destacaremos el
proyecto autogestionario de los compañeros de CNT, iniciado por la sección sindical del
valenciano «Levante» (que, pese a su peso numérico, al reconocimiento logrado en la
vida de la empresa y a su dinamismo, desaparecería legalmente como tantas otras, por
haber ignorado las elecciones sindicales, si se aplican los proyectos parlamentarios en
material de acción sindical en la empresa): analizando balances, se subraya que los
saldos de la prensa estatal eran positivos hasta 1974 (coincidiendo con la entrada de
Suárez en la Secretaría General del Movimiento, comíenzan los déficits), y que aún
hov el núcleo de los déficits está en los «servicios centrales», aparato burocrático
parasitario con nóminas fantasmas y gratificaciones fabulosas bajo la fórmula
«colaboraciones especiales» que los demás trabajadores ignoran en qué consisten,
pudiendo ser perfectamente rentables a todos, gestionándolos los mismos trabajadores de
talleres, administración y redacción, con un estatuto que garantice la libertad de
expresión todo lo cual serían elementos de racionalidad y eficacia hasta ahora inéditos
en la Cadena.
la prensa privada también «chupa»
Porque estos trabajadores ponen el dedo en la llaga
al señalar que también la prensa privada pierde dinero, sólo se mantiene mediante la
publicidad, y aun así la Asociación empresarial de Diarios ha pedido al Estado 3.000
millones de pesetas anuales de subvención, aparte de cupos de papel y otros privilegios.
Si se ayuda a propietarios capitalistas, ¿por qué no a los trabajadores, que además
podrían encontrar financiación en el ahorro popular a través de unas Cajas locales y
regionales, controladas por los propios ahorradores en régimen cooperativo? La
irracionalidad de la cadena no ha venido de quienes hacen diariamente prensa en
condiciones laborales y salariales penosísimas, sino de las consignas políticas que
ahora quiere sustituir la dialéctica parlamentaria que no conoce otras alternativas que
privatización-estatalización. Tras mucho clamar contra la autogestión como «utopía
peligrosa», cuando llega una ocasión de ponerla en práctica, los albaceas políticos y
los buitres empresariales ignoran las propuestas de los trabajadores y preparan un
«sanearniento» tutelado por el Parlamento que se resuelva en la esquizofrenia de que los
costes los pague el «sufrido» contribuyente y el beneficio se lo embolse la minoría
privilegiada de siempre.
Pero esas voces obreras, que no piden más salario sino la gestión de sus instrumentos de
trabajo, van a dar mucho que hablar si el cansancio no hace mella en sus filas: fórmulas
de compensación de déficit y de apoyo mutuo entre las empresas autogestionarias,
propuestas de comenzar inmediatamente restituyendo la «Soli» (expropiada por el
franquismo) a su legítimo titular, la CNT, que se ha comprometido respetar los actuales
puestos de trabajo y promover una fórmula autogestionaria experimental, son pasos que
sólo desde abajo, desde el empuje del movimiento obrero, podrán lograrse.
concentración empresarial
Mientras, en el mundo del capitalismo informativo, la
crisis se cierne sobre el futuro de muchos trabajadores. Unos 80 semanarios y revistas
mensuales de información general en Madrid y Barcelona, y 73 empresas privadas de prensa
diaria, se disputan un mercado que tiende a reducirse.
El Gobierno ha ofrecido subvención estatal a las empresas que colaboren con los procesos
electorales, y sobre todo, con los nuevos planes de estabilización que se avecinan una
vez aprobada la Constitución.
«Guadiana», «Repórter», «Doblón», «El Noticiero de Zaragoza», «Díario de
Castilla», «El Cántabro», «Libre», y un largo etcétera en el alero, desaparecen del
mercado. Los tres grandes grupos político-empresariales de Barcelona (Porcioles, Godó y
Auger, derecha, centro e izquierda, respectivamente, en el espectro del dinero
políticoinformativo catalán) se disputan los medios y van dejando en la cuneta la imagen
del «Brusí», los despidos del «Noticiero» y la calidad informativa y las inversiones
tecnológicas que subordinan a la utilización de sus periódicos como instruinento
político.
Las luchas obreras, pese a la insolidaridad del sector (3.500 trabajadores comparten,
mediante el pluriempleo, los 5.000 puestos de trabajo que existen en el ramo en
Barcelona), unidas a los aumentos de costes y la reconversión tecnológica, pero también
al hastío de los lectores hacia el espectáculo político, inciden en la disminución de
las tasas de beneficio empresariales.
Pero el Poder ha sabido poner diques a las luchas sociales: Las asambleas obreras van
dejando paso a la negociación controlada por las centrales, y el control solidarío para
vigilar la contabilidad de las empresas e igualar salarios frente a las crisis y
descapitalizaciones empresariales es una reivindicación minoritaria, marginada por la
búsqueda masiva del aumento salarial. fatalmente devorado por la inflación.
por la autogestión en la prensa
La sección de información de la CNT de Barcelona ha
preparado una ponencia a los trabajadores del sector, en la que se propone:
«Respecto a la crisis hay que plantearse además una alternativa para el momento en que
una empresa plantee un expediente de crisis y pretenda cerrar el periódico, lo que
dejaría inmediatamente en la calle a toda la plantilla. Lo mismo se puede decir del caso
en que el expediente sea parcial. Como cenetistas, de entrada planteamos para situaciones
(le este tipo la ocupación del periódico y su autogestión por los trabajadores. Somos
conscientes de que esto sólo será posible mediante un fuerte apoyo desde fuera.
Igualmente hay que tener en cuenta que el sistema autogestionario aplicado aisladamente en
una economía capitalista de mercado, no tiene salida. Después de la ocupación del
periódico y del inicio de la autogestión del mismo, por los trabajadores, el periódico
debe ser puesto al servicio del pueblo, de los organismos populares, que sostendrán la
financiación.
Es difícil ahora concretar qué tipo de organismo popular puede hacerse cargo de un
periódico en las condiciones antes apuntadas, pero puede tratarse, por poner un ejemplo,
de un organismo integrado por representantes de las centrales sindicales asociaciones de
vecinos, movimientos feministas y ecologistas, etc. En otros casos, un periodico en crisis
puede ser traspasado a un ramo concreto de la producción, por ejemplo, al ramo del metal,
para que los trabajadores del ramo, a través de la coordinación entre las centrales
sindicales, se hagan cargo del periódico. Las fórmulas pueden ser muchas. Por poner otro
ejemplo, un periódico en crisis puede ser traspasado a una zona o distrito de Barcelona,
para que las entidades populares de dicha zona y los vecinos se hagan cargo de él.
Algunos tacharán de utópicos estos planteamientos, pero a nuestro juicio, son los
únicos que permiten conservar los puestos de trabajo y hacer una prensa auténticamente
popular, evitando la estatización de los periódicos en crisis, entendien. do por
estatización su traspaso a la administración central, a la Generalitat de Catalunya o a
los parlamentarios. »
La radicalidad de esta alternativa contrasta con la situación de diferencias salariales
muy importantes entre las empresas y sectores, y además entre las provincias, sin hablar
de la desvinculación entre prensa y los sectores de papel y artes gráficas , con la
consiguiente indefensión ante la inflación patronal y con el reformismo de las centrales
que sabotean toda huelga como «suicida». Ni siquiera ante los despidos se conmueven
quienes ya han optado por venderse al Poder.
el poder de la Banca
junto a las reivindicaciones sociales, la lucha en el
seno de las empresas periodísticas es todavía un combate por la libertad de expresión.
La exaltación del consenso político y económico va ligado al control empresarial del
acceso de los profesionales a los puestos de trabajo, a las promesas de independencia
ideológica a la hora del contrato, que se truecan en despidos por razones partidistas, de
«Opinión» a «Diario de Barcelona», pasando por «Cambio 16».
El dato esencial para comprender esa permanencia de la censura empresarial indirecta bajo
la apariencia de libertad de prensa es el hecho de que la gran mayoría de la prensa
privada está bajo el control de la oligarquía financiera.
Banesto y sus empresas controlan desde Edica-«YA» y Prensa Española«ABC» hasta el
«Diario Vasco» y la prensa asturiana, esta última al alimón con los Bancos de Bilbao y
de Vizcaya, dueños de lit prensa bilbaína. El Central, junto con Banesto y la Banca
March, dominan Prensa Castellana-«Informaciones», el «Diario» de Las Palmas» y el de
Mallorca, y están también conectados con el poderoso imperio barcelonés de Godó-«La
Vanguardia». junto al grupo Porcioles, Auger completa la trinidad oligárquica de la
prensa catalana, en una red que conecta desde el PSUC al grupo bancario opus- deísta del
Banco Popular-AtlánticoBankunión, que domina grupos informativos como SARPE, los diarios
de León y Avila y la agencia Europa Press. La propia agencia EFE sienta en su consejo de
Administración a la gran banca y al INI codo con codo. Y varias cadenas de radio son
propiedad directa de grandes oligarcas como Serrano Súñer y los Garrigues-Fontán.
Rumasa y la jerarquía eclesiástica intiman financieramente en «El Correo de
Andalucía». Y la lista podría alargarse. Estas conexiones bancarias ridiculizan la
supuesta independencia informativa de la empresa privada, que además requiere ayuda
estatal, la cual desde luego se niega a las publicaciones auténticamente independientes
que cierran carentes de créditos financieros: ahí quedaron «Arreu» o «Berriak», o
las dificultades de «El Pendón», «Ozono», «Emancipación», «Teoría y Práctica»
y tantos otros, para demostrar que la libertad de prensa es sólo el reino del dinero en
el mundo de la prensa.
el erotismo del Poder
Quizá merecen párrafo aparte fenómenos como «El,
País», donde, desde Cabaníllas y Fraga hasta Ortega, Polanco Y Tamames, se ha
establecido el consenso empresarial de los grandes negocios cultural-educativos con las
tecnocracias rampantes, herederas de todos los regímenes políticos, para crear una
imagen de objetividad satisfecha, de academicismo informativo, que silencia las torturas,
folkloriza los actos multitudinarios de signo revolucionarío, tergiversa los conflictos
sociales asamblearíos, no controlados ni capitalizables por sindicatos o partidos, y
amenaza con el «golpismo» frente al desencanto abstencionista que cuestiona la
partitocracia.
Pero más llamativa es la hábil combinación porno-sensacionalista, dando primacía a lo
gráfico, con que «Interviú» y el grupo Zeta han sabido captar el ansia de saber en un
país donde apenas se lee, donde los semanarios gráficos superan en tirada a los diarios.
Así, una belleza desnuda o el escándalo de un cacique o un banquero o aristócrata
estafador, actúa conio chivo expiato^ río de la aceptación cotidiana del machismo, el
autoritarismo moralista, o el «derecho» de las grandes empresas a explotar
indefinidamente los frutos del trabajo ajeno.
Sólo aquel «fenómeno» de la transición que fue la ágil prosa de «CAMBIO 16», o las
cimas del marcado cotillo-sentimental, hacen sombra al grupo «Z» a la hora de tiradas
verdaderamente rentables. El breve impacto de la aparición de la prensa de partido en los
kioscos no puede competir ya con las 50 publicaciones porno-cróticas que editan más de
1.000.000 de ejemplares semanales, como monumento póstumo a la dictadura moral
franquista: en cambio, tras la euforia electoral en que dos órganos masivos, «Mundo
Obrero» y «El Socialista» superaron las tiradas de 200.000 ejemplares, ahora unas 200
publicaciones políticas se reparten menos de 400,000 ejemplares semanales.
Tras el optimismo (le la legalización, la realidad de una ausencia de democracia interna
en estas publicaciones, de rígido control por el aparato de partido frente al
lector-militante de base, unida al desencanto parlamentario, producen caídas en la
tirada. Sólo unas decenas de miles de militantes comprometidos leen una prensa que se
declara, ya deficitaria, y que sólo subsiste por la ayuda económica de los partidos que
las editan, junto a las suscripciones militantes.
El contenido de estas publicaciones trató de superar la época panfletista di
versificando la información hasta llegar a lo taurino e incluso admitir publicidad de
firmas comerciales, sin prescindir de las tribunas políticas y las intervenciones de
líderes. A este objetivo de mantener un público lector en base a unas obligaciones de
poder se corresponde la coexistencia de la distribución militante junto a la profesional.
Política y golpes bajos
Pero si la imagen popular de esta prensa de partido
se va desmitificando, no tanto por su imagen parlamentaria como por la experiencia
cotidiana desde la calle, es más peligrosa y solapada la pugna político-informativa
entablada en las empresas y redacciones de la gran prensa diaria y semanal, con las
maniobras que van del PSUC-PCE a UCD y Alianza Popular en conflictos internos de «Mundo
Díario», «Triunfo», «Opinión», el «Brusi», «Ya» y «ABC», «El ImparciaI» y
hasta el olímpico «El País».
La lucha de los profesionales contra la manipulación informativa, por el secreto
profesional y la libertad de expresión, se funde así con la lucha de todos los
trabajadores de prensa contra la explotación, las condiciones de trabajo tóxicas y
peligrosas en talleres, la inestabilidad laboral, con una mayoría de colaboradores fuera
de plantillas y sujetos a todo tipo de presiones ideológico-labora les, las titulaciones
requisitos burocráticos de las «Asociaciones de la prensa» y otros instrumentos de
control franquista, que se unen ahora a la ley arti-libelo (disfrazada de «Ley sobre
Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona») que UCD pretende
pasar por el Parlamento, para que los periodistas vayan a la cárcel de 6 meses a 20
años, según su «delito» sea atacar a Blas Piñar en una campaña electoral, o hacer
«apología» (a juicio del juez) de ETA. Cuando se suceden todavía los secuestros (que
en 1977 superaron el centenar y este iño llevan ese camino), las querellas de los
ex-ministros, los despidos, detenciones, inhabilitaciones profesionales, multas
dificultades adminístrativas», ataques físicos, cte., esa ley anti-libelo resulta un
arma en manos de los (le siempre, los que con consignas o «libertad de prensa»,
controlan la prensa de este país desde hace 40 años.
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